La tasas judiciales: el principio del fin de la democracia

Mucho se está hablando últimamente de las tasas judiciales, otra de las aberrantes ideas de este gobierno para recaudar a toda costa.

Esto ha levantado un gran revuelo y los medios recogen multitud de opiniones contrarias a la imposición de este tributo argumentando principalmente razones de discriminación económico-social: será costoso recurrir un despido improcedente, una pensión por divorcio, una factura errónea, una deuda, una herencia, una multa… incluso para divorciarse habrá que rascarse mucho más el bolsillo.  (Por cierto, la imposición de esta tasa es una gran oportunidad que no deben perderse los expertos en mediación).

Así, esta exacción complicará la vida a muchas personas de bajo poder adquisitivo, es decir, a las que actualmente más abundan en España.

Con la aplicación de esta tasa, el funcionamiento de la justicia no podrá llegar por igual a todos los ciudadanos, de forma que los que más tienen pueden beneficiarse doblemente: por una parte porque ellos sí tendrán dinero para recurrir a la justicia cuando les dé la gana, y por otra, porque se evitarán ser demandados ya que los que menos tienen se lo pensarán dos veces antes de gastarse su poco dinero en denunciar al alguien.

Pero la gravedad de la imposición de esta tasa es mucho mayor de lo que puede parecer, porque socava los pilares de la democracia, y da pie a que el Estado de Derecho se derrumbe estrepitosamente.

No olvidemos que con el desarrollo del Estado de Derecho, aparece la división de poderes (el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, tres instancias que, en el Estado absolutista, se reunían en la figura del rey). De esta forma, los tribunales se vuelven autónomos respecto al soberano y aparece el parlamento para contrarrestar el poder del gobernante.

Y es esta separación de poderes —descrita por Montesquieu,  y  confiados cada uno de ellos a un órgano u organismo público distinto—, imprescindible para garantizar la protección del ciudadano.

El poder legislativo es el que hace las leyes, regulando los derechos y las obligaciones de los habitantes, en consonancia con las disposiciones constitucionales. El poder ejecutivo hace cumplir dichas leyes y es el gobierno el que lo ejerce. El poder judicial está encargado de administrar la justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas.

Son estos tres poderes los que soportan el Estado de Derecho, y por definición han de ser independientes. Su funcionamiento ha de ser libre y autónomo, y no estar sujeto a nada ni a nadie. Y por supuesto, tampoco sometido al poder del dinero.

A partir de ahora tendremos que pagar el funcionamiento del poder judicial,  haciendo su funcionamiento dependiente de la economía de cada cual, pero si esto sigue así (y no se ven indicios de cambios), el siguiente poder que debamos pagar para puede ser el poder legislativo, y también el ejecutivo.

Si al legislativo también se le hace funcionar a base de tasas, es decir, si se cobra por la elaboración de las leyes, estás serían sufragadas por los que más tienen, y por tanto el Derecho se construirá a mayor beneficio de los poderosos. Ya no seríamos todos iguales ante la Ley.

Y si el poder ejecutivo también fuera objeto de una tasa, el cumplimiento de la Ley sólo lo podrá solicitar, de nuevo, el que más tiene. Sería como tener que pagar por llamar a la policía, algo que muchos no podrían hacer aunque les estuvieran atracando en su domicilio.

Porque esta tasa puede ser el principio del fin de la democracia.

Si Montesquieu levantara la cabeza.

Comments are closed.